Una nueva legislación aprobada en abril de 2011 aumentará la rentabilidad del negocio de las cárceles privadas para inmigrantes, pero también incrementará dramáticamente la cantidad de gente que llega a Estados Unidos a rasguñar el “sueño americano” y termina presa, según la quinta noticia importante más censurada por los grandes medios de Estados Unidos, seleccionada por el ranking anual
Proyecto Censurado 2012.
La historia periodística fue divulgada por Peter Cervantes-Gautschi (1) enSocial Policy (Políticas Sociales), bajo el título “Wall Street y nuestra campaña por descriminalizar al inmigrante”.
El informe relata que en los últimos cuatro años el gobierno de Estados Unidos ha encerrado a un millón de inmigrantes en peligrosas prisiones del sistema carcelario privado financiado por los contribuyentes.
Allí se cometieron abusos de niños, violaron mujeres y dejaron morir hombres por falta de atención médica básica. La “Corrections Corporation of América” (CCA), que tiene su sede en Nashville, Tennessee, y el Grupo GEO, corporación global asentada en Boca de Ratón, Florida, son las principales fuerzas ocultas que agitan entre bambalinas una oleada de esfuerzos legislativos en curso contra el inmigrante, en una nación que se construyó con emigración.
El gobernador de Arizona, Jan Berger, recibió un financiamiento sustancial para su campaña electoral de la compañía CCA y del Grupo GEO, que son las dos más grandes corporaciones que diseñan, construyen, gestionan y operan prisiones en Estados Unidos.
La CCA y el GEO profitan casi exclusivamente de fondos públicos provenientes de impuestos locales, estadales y federales, que financian el encarcelamiento de inmigrantes capturados por el Servicio de Inmigración y Aduana (ICE, por su sigla en inglés).
La revista Social Policy indicó que el consejo superior de la CCA en Tennessee contribuyó con abundantes fondos a la campaña electoral de Brewer, el actual gobernador del estado de Arizona, quien contrató a dos ex cabilderos de esa compañía como asistentes para sacar adelante la ley SB 1070, aprobada el 23 de abril.
La ejecución de esa legislación promete un notable incremento al rentable negocio de encarcelar inmigrantes de la CCA, que posee varias prisiones en Arizona, pero también aumentará dramáticamente el número de inmigrantes presos en más de 20 estados.
Revelaciones del artículo de Social Policy
Algo más de un año después de adjudicarse con éxito el contrato para poner en marcha el Campo de Detención de Guantánamo (GITMO), en Cuba, en octubre de 2003, el Grupo GEO contrató los servicios de lobbystas que recientemente habían alcanzado posiciones influyentes cabildeando ante el ministerio de Seguridad de la Patria, el Bureau de Prisiones, la Oficina del Procurador General y también ante el Congreso y el entonces líder de la mayoría del Senado, George Mitchell. Hasta el 2005, y en sintonía con la tasa más alta de inmigración de la historia de Estados Unidos, en diciembre de 2006, el Grupo GEO y la CCA tuvieron un gasto combinado en lobby de más de 6 millones de dólares.
El 1 de mayo de 2006, mientras el Grupo GEO y la CCA cabildeaban ante el gobierno federal para hacer más negocios, millones de personas marcharon en favor de los derechos de los inmigrantes en 102 ciudades de todo el país.
Los manifestantes, a pesar de sus números históricos, no fueron una barrera para el apoyo del gobierno a los planes empresariales del Grupo Geo y de la CCA. El solo cambio en la legislación existente creó un potencial de más de diez millones de nuevos “criminales”, multiplicando así el lucrativo mercado carcelario de la “industria privada de la prisión” y creando conmoción entre las comunidades de inmigrantes de todo el país.
La “represión rápida” de diciembre de 2006 marcó un cambio en la aplicación de la ley de inmigración de 1995 por parte del gobierno federal, cuando fueron detenidos más de mil trabajadores, hombres y mujeres, de las plantas industriales de comida cárnica en varios estados.
Por primera vez, muchos de estos detenidos fueron sentenciados por “crímenes” a largas penas de prisión. Cuando ocurrió esta incursión rápida, el diario USA Today citó al reverendo Clarence Sandoval, de la iglesia católica de St Thomas Aquinas en Logan, Utah, diciendo: “Están tomando a madres y padres y nosotros nos referimos realmente a los niños. Estoy recibiendo llamadas de madres diciendo que no saben dónde detuvieron a su marido”.
Poco tiempo después que la administración Bush ejecutara este cambio en la aplicación de ley que afecta a los inmigrantes, los consejeros de Wall Street recomendaron al público comprar acciones de compañías de prisiones privadas como CCA y GEO. El entonces vicepresidente Dick Cheney invirtió fuertemente en Vanguard, propiedad de un puñado de accionistas importantes en GEO.
El informe de “Políticas Sociales” sostiene que los gastos en cabildeo fueron recompensados por aumentos enormes de ingresos en contratos gubernamentales para encarcelar a inmigrantes.
Entre 2005 a 2009, por cada dólar gastado en lobby ante el gobierno federal, GEO recibió de vuelta 662 en contratos financiados por el contribuyente, para un total de 996,7 millones de dólares.
El CCA recibió de vuelta 34 dólares en contratos financiados por los impuestos por cada dólar gastado en cabildeo ante el gobierno federal, en total 330,4 millones de dólares. Además, ambas compañías aumentaron sus ingresos durante ese mismo período por contratos de instalación de prisiones con varios estados.
En 2007, el ICE condujo 30.407 incursiones contra inmigrantes en lugares de trabajo, vecindarios y espacios públicos tales como paradas de autobús y estaciones de trenes. El número de incursiones de ese año fue el doble del total de 2006. El número de inmigrantes colocados tras las rejas, como si fueran criminales, creció de 256.842 en 2006 a 311.169 en 2007.
Como resultado del miedo inducido por estas incursiones y otros factores, las marchas del Primero de Mayo en favor de los inmigrantes fueron mucho más pequeñas en 2007que en el año anterior. A mediados de 2007, mientras muchos organizadores fueron blancos de la legislación y las incursiones, los accionistas de GEO y CCA cosecharon beneficios enormes. Ambas compañías emitieron acciones 2 x 1 que prácticamente doblaron el valor de la participación de sus accionistas en las dos compañías.
Aunque los accionistas fueron generosamente beneficiados con aumentos de ingresos por contratos de prisión para ambas compañías, el incremento no fue suficiente para satisfacer a algunos de sus accionistas más importantes. JPMorgan Chase, un dueño importante de GEO, liquidó sus acciones y abandonó el liderazgo en la compañía.
Un problema para los inversionistas que buscaban grandes ganancias en el lucrativo negocio de la prisión fue que las tasas de ingreso no podrían mantenerse al alza porque las agencias federales como el ICE no tenían suficiente personal para arrestar y procesar más inmigrantes que la cantidad ampliada que ya manejaban.
Llegó a ser evidente que la única manera de aumentar perceptiblemente los ingresos por mayor número de gente arrestada y encarcelada era contratando más personal en las agencias de aplicación de la ley.
La industria privada de la prisión necesitó entonces una nueva fuente de personal barato autorizado para aplicar la ley. El nuevo foco de la expansión del negocio para el CCA y de GEO, al parecer, cayó bien en los gobiernos estatales.
Para “Políticas Sociales”, el resultado de este cambio de foco del negocio está ejemplificado por el papel de CCA en la ley SB 1070 de Arizona y los roles de la misma corporación y GEO en otros esfuerzos legislativos dirigidos a aumentar dramáticamente la cantidad de detenidos entre los inmigrantes indocumentados en más de veinte estados.
El gobernador de Arizona, Jan Brewer, quien recibió financiamiento sustancial de campaña de altos ejecutivos de la CCA en Tennessee y empleó a dos ex cabilderos de esa compañía como asesores principales, firmó la ley SB 1070 el 23 de abril 2011.
El 30 de julio de 2010, la Asociación Republicana de Gobernadores, que este año ha recibido hasta ahora más de 160.000 dólares en contribuciones de CCA, GEO y sus cabilderos, envió a escala nacional una solicitud escrita por el gobernador de Arizona, Jan Brewer, pidiendo contribuciones para financiar una apelación de la prescripción parcial dictada por un juez contra la SB1070.
Además de recabar fondos para la apelación, los esfuerzos legales de Brewer incluyeron escritos de apelación ante las cortes de tres estados que tienen contratos con GEO y/o con CCA. Las dos compañías de prisiones actualmente están implicadas políticamente en estos estados y en varios otros que mueven proyectos anti-inmigrante en sus respectivas legislaturas.
En total, en veinte estados están considerando legislaciones inspiradas en la ley SB 1070 que han sido endosadas por sus respectivos candidatos a gobernadores republicanos, que están en gran parte financiados por la Asociación de Gobernadores Republicanos.
CCA y GEO pertenecen a las instituciones más importantes de Wall Street que se benefician del negocio de encarcelar inmigrantes. Estados Unidos ahora tienen más gente en prisión que cualquier otro país en la tierra. En noviembre pasado, la dirección superior de CCA en Tennessee hizo la contribución más grande fuera de ese estado en favor del gobernador de Arizona, Jan Brewer. La corporación CCA, que ya tiene varias prisiones en Arizona y está esperando ampliar su negocio con más inmigrantes aún por encarcelar en ese estado, aguarda más aumentos de ingresos cuando se ejecute la ley SB 1070.
La administración Bewer, en un gesto acogido con satisfacción por los grupos de vigilancia armados de supremacía blanca partidarios del notorio sheriff Joe Arpaio, aplicó recientemente una ley permitiendo que las armas que antes se portaban ocultas ahora sean llevadas en público.
El CCA y GEO, que lucran casi exclusivamente de fondos públicos, en 2006 profitaron del encarcelamiento de inmigrantes aprehendidos por el ICE, después que la administración Bush cambiara el cargo de delito menor, con pena de prisión corta, por trabajar sin un número de Seguridad Social apropiado a una violación tipificada como crimen con una sentencia de prisión larga.
El cambio en cómo se hace cumplir la ley federal aumentó el mercado de potenciales internos inmigrantes para CCA y GEO en más de diez millones de personas por quienes el gobierno pagaría alojamiento y transporte. El negocio del encarcelamiento de inmigrante ha crecido substancialmente desde 2006 para CCA y GEO.
Hoy, por ejemplo, cualquier persona cogida por el ICE en Los Ángeles se envía a una instalación CCA en San Diego, mientras lo capturados por ICE en Seattle o Portland, Oregón, se envían a una instalación GEO en Tacoma, pues las cárceles de propiedad y operadas por el gobierno federal representan el 137% de la capacidad.
El inversor más potente del CCA es el fondo de cobertura Pershing Square, que se transa en Wall Street por el gran gurú y activista del inversor Bill Ackman, quien también desempeña un papel potente en Target Corporation y Kraft Foods. Wells Fargo es el inversor más potente de GEO. Otros inversores importantes con poder de influir la gestión en una u otra, o en las dos compañías, son Vanguard, Lazard, Scopia, Wellington Management, FMR (Fidelity) y Bank of America. De uno u otro modo, cada uno de estos dueños importantes de cárceles es sensible a la opinión pública.
Ninguno de estos mayores inversionistas importantes necesita a la CCA o al GEO para hacer dinero. En cualquier caso, el número creciente de deportaciones de inmigrantes no ha tenido los efectos deseados sobre cualquier sector económico, con excepción de la industria privada de la prisión.
El desempleo entre ciudadanos nativos nacidos en Estados Unidos ha subido súbitamente, incluso cuando se deportaron hasta 400.000 inmigrantes al año. Por encima de dos millones, Estados Unidos. tienen medio millón más de gente detrás de rejas que China, que es el segundo país con el mayor número de presos entre las naciones del mundo.
Uno quisiera pensar al trasladar esta información a la atención del Congreso fuera suficiente para obligarles a abandonar las políticas que criminalizan a inmigrantes. Sin embargo, no es probable que eso ocurra pronto.
Esta probable vacilación para que actúe el Congreso no se debe simplemente a las generosas contribuciones de campaña que reciben senadores y congresistas de la industria privada de la prisión.
La mayoría de los miembros del Congreso tienen inversiones personales en CCA y son accionistas importantes de GEO. La verdad es que mucha gente invierte sin saberlo sus pensiones en CCA o GEO. Asimismo, los informes sobre las finanzas personales de algunos miembros claves del Congreso sugieren que algunos tienen más que un interés casual en las fortunas de CCA o GEO.
Senator Enzi, a senior Republican who sits on the Senate Budget Committee, was awarded a 100% approval rating by U.S. Border Control, which describes itself as “a non-profit, tax-exempt, citizen’s lobby. USBC is dedicated to ending illegal immigration by securing our nation’s borders and reforming our immigration policies.”
El veterano senador republicano Mike Enzi, por Wyoming, del Comité de Presupuesto del Senado, otorgó 100% de aprobación a una tasa en favor del Control Fronterizo de Estados Unidos (USBC, por su sigla en inglés), que el mismo describió como “no lucrativo, exento de impuestos para el lobby ciudadano.
USBC se dedica a terminar con la inmigración ilegal asegurando las fronteras de nuestra nación y reformando nuestras políticas en materia de inmigración”. (Enzi tiene una opinión de línea dura sobre la inmigración ilegal y ha sido altamente valorado por los grupos que apoyan controles de fronteras más estrictos. Ha votado a favor de la construcción de un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México y contra la puesta en práctica de programas en beneficio del trabajador inmigrante.
También ha votado para mantener la Ley Patriótica y se opuso a los llamados para reducir las escuchas telefónicas y para ampliar los derechos de los detenidos de Guantánamo. Enzi también rechazó un calendario para el retiro militar de Irak).
Obligar al Congreso a abandonar las políticas de criminalización de inmigrantes probablemente va a requerir, entre otras cosas, que convenzamos combinadamente a nuestros fondos de jubilación, Wells Fargo y uno o dos fondos de cobertura p ara que salgan de la industria privada de la prisión y se vayan a hacer dinero a otra parte. ¿Quién sabe? Algunas de estas instituciones financieras pudieron incluso tener la sabiduría de invertir en compañías que generan trabajos con el salario de las familias.
Ernesto Carmona / Argenpress
Nota:
(1) Peter Cervantes-Gautschi, codirector de Enlace, ha sido un activista que trabaja desde 1965, desde que comenzó como agricultor en California. Ha organizado y dirigidos dos consejos de trabajo para HERE, SEIU y CWA, organizaciones que luchan contra los bajos salarios del trabajador y ha cofundado varias coaliciones de trabajo con la comunidad, membresía de organizaciones y comités de acción política.
Fuentes:
“Wall Street & Our Campaign to Decriminalize Immigrants”, Peter Cervantes-Gautschi.
Social Policy- “Organizing for Social and Economic Justice”, February 14, 2011.
Student Researcher: Caitlin Morgan, Sonoma State.
University Faculty Evaluator: Peter Phillips, Sonoma State University.
“The more I looked at it, the more outrageous it was on so many different fronts,” Nicol says. “Not only does the wall do tremendous environmental damage, it funnels border-crossers deeper into the desert where hundreds die every year. It causes land condemnations, and it basically brought about a suspension of the rule of law by giving one unelected official [the DHS commissioner] the authority to waive any law without judicial review.”