No mas Muertes en la Fronteras EEUU-Mexico

URGENT ACTION

Dear ruben,

Street memorial for 16-year-old José Antonio Elena Rodríguez, who died on October 10, 2012, riddled with bullets by a Border Patrol agent or agents firing across the international boundary. (Photo courtesy of Murphy Woodhouse)

On the night of October 10, around 11:30 p.m., José Antonio Elena Rodriguez, a 16-year-old resident of Nogales, Sonora, Mexico, was shot dead by a US Border Patrol agent (or agents) in his own country. 

This occurrence was not unique. There have been 18 violent killings by Border Patrol/Customs and Border Protection since 2010. Among them is Ramsés Barrón Torres, 17, who on January 5, 2011, died in Nogales like José Antonio, on Mexican soil.
 
The known circumstances of these killings strongly suggest unnecessary or excessive use of force. Please join us in denouncing them and calling for action.

The agent(s) that killed José Antonio fired on him from atop a 25-foot embankment, from behind the 20-foot-tall steel border wall and a dense area of foliage, and 30 feet across the street. José Antonio was shot in the back at least 7 times, with two bullets being found in his head. Some reports state that 14 bullets were fired altogether. Those who visit the site come back with no doubt that this was an unlawful killing.
 

Pedestrians stand at corner where José Antonio died. Seen from the U.S. side through one of the gaps in the steel wall that looms over the street. (Photo courtesy of Murphy Woodhouse)

Three weeks have passed since José Antonio was killed, and almost two years since Ramsés was killed. In both cases, the FBI, tasked with investigating these incidents, has released no official statements, and has neither identified nor arrested the agent(s) involved. The identity of officers involved in shootings is public information, and many in this border community, where No More Deaths volunteers live and work, see José Antonio’s death as a clear case of bloody murder. Please join us in urging the Department of Justice and the FBI to act transparently and decisively.
 
The excessive use of force that resulted in José Antonio’s and Ramsés’s and 16 other deaths is not the action of isolated “bad apples.” Rather, it is a consequence of the Border Patrol’s militarized approach to border enforcement, and it shows a callousness that is consistent with the findings of No More Deaths’ 2011 report Culture of Cruelty, which documented 32,075 incidents of physical abuse by Border Patrol agents against migrants in their custody.
 
We seek justice for José Antonio’s and Ramsés’s families, and an end to these killings. Please take the following actions:

ACTION: Send letters to the Attorney General and the Secretary of Homeland Security. This e-action tool makes it very simple.

ACTION: Send a bloody handprint like this one with the message "Blood is on our hands" to the Attorney General and the US Attorney for Arizona. Print out ours or make your own! Be sure to include your name and address.

ACTION: Report the facts that you know: file a crime report with the FBI Phoenix field office. See theinstructions provided on our website.

ACTION: Tell everyone you know to visit nomoredeaths.org/nomasmatanzas and join us. Blood is on our hands. The power to stop this is also in our hands.
 
Thank you for supporting this campaign.
 

ONU condena práctica de tortura en México

Para leer en línea: http://comitecerezo.org/spip.php?article1368

Comité Contra la Tortura de la ONU condena práctica de tortura en México

·       Expresa su rechazo por el uso de la tortura en todo el país para obtener confesiones  
·       El arraigo: “una violación flagrante de derechos humanos” que carece de control judicial
·       Condena impunidad y falta de investigación de actos de tortura

31 de octubre, Ginebra. Hoy el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Contra la Tortura, abrió su evaluación al Estado mexicano, donde estuvo presente una delegación de mas de 30 funcionarios públicos del gobierno federal y de diversos estados.

El Comité expresó su profunda preocupación por la práctica de tortura en el país, en particular ante el  contexto del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y el “fenómeno de impunidad agravada” en el que permanece los actos de tortura. Tras escuchar la exposición inicial del Estado, los miembros del Comité -expertos independientes electos por su pericia en temas de tortura- formularon preguntas y observaciones a la delegación gubernamental acerca de algunas de las problemáticas más preocupantes en esta materia en México.

Los expertos señalaron que sigue vigente en todo el territorio mexicano el uso de la tortura para arrancar confesiones a personas detenidas, mismas que son utilizadas en contra de las víctimas en los procesos penales.  Señalaron que la reforma penal que pretende cambiar esta práctica mediante la transición a un sistema oral y acusatorio no está siendo eficaz ya que las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público siguen utilizando las declaraciones coaccionadas como prueba de cargo en los procesos penales.  Ejemplo de ello, señalado por diversos expertos del Comité fue el caso de Israel Arzate, joven juarense víctima de detención arbitraria y tortura para obligarlo a autoinculparse falsamente por la masacre de Villas de Salvárcar.  El Comité consideró “muy importante” este caso que se encuentra actualmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el precedente que puede sentar en el sentido de prohibir la admisión de pruebas obtenidas mediante la tortura en el nuevo sistema penal.

Por otra parte se señaló que no es admisible que la PGR “monopolice” la aplicación del Protocolo de Estambul y se expresó profunda preocupación porque los peritos que aplican dicho instrumento para detectar casos de tortura, carecen de independencia al depender de la misma PGR, institución muchas veces señalada por incurrir en violaciones a derechos humanos.  Los expertos también cuestionaron al Estado sobre la falta casi absoluta de sentencias firmes por tortura frente al número elevado de quejas por este delito registradas por la CNDH.

Un tema de particular preocupación fue la figura del arraigo, la cual permite la práctica de la tortura en una situación de ausencia de garantías judiciales. La Subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos Ruth Villanueva, defendió ante el Comité su aplicación y la denominó como una medida constitucional, excepcional y temporal; además justificó que en algunos casos las detenciones no se realicen en el Centro Nacional de Arraigos.

Al respecto, los expertos haciendo referencia a la información presentada por ONGs, expresaron su preocupación por la aplicación del arraigo en instalaciones militares y el uso de confesiones obtenidas bajo arraigo las cuales pueden ser obtenidas mediante tratos inhumanos o tortura. Igualmente sobre la falta de protección judicial en casos de arraigo, el Relator del Comité para México, Fernando Mariño, manifestó,  “las estadísticas son abrumadoras” al evidenciar que de 6102 juicios de amparo interpuestos contra órdenes de arraigo, en sólo 188 fue concedida la protección de la justicia federal. En palabras de la experta Essadia Belmir, “es una violación flagrante de derechos humanos…  ¿Qué pasa con una persona que va a estar en manos de las autoridades, quienes pueden conseguir una confesión por las buenas o por las malas?”

El Comité planteó asimismo su preocupación por la tortura, incluyendo la violencia sexual, cometida contra mujeres tanto por agentes estatales (planteando el caso de las mujeres sobrevivientes de San Salvador Atenco) como por actores privados.  En este sentido el Comité constató que había “demasiadas lagunas de información” en el informe presentado por el Estado y pidió información sobre los resultados concretos de los programas y acciones dirigidas a combatir las desapariciones de mujeres, los feminicidios y la tortura cometida por razones discriminatorias en contra de las mujeres. Igualmente expresó su preocupación por la situación de “gran vulnerabilidad” por la que atraviesan las personas migrantes en su tránsito por México, así como por los ataques y actos de represalia en contra de las personas defensoras de derechos humanos.

Los expertos también hicieron hincapié en la obligación del Estado de tipificar el delito de tortura en el Estado de Guerrero, donde actualmente no se encuentra contemplado en el Código Penal sino sólo en una ley secundaria, lo cual constituye un obstáculo para que tal delito sea investigado; y expresó preocupación porque la utilización del Protocolo de Estambul se desconoce en Guerrero, permitiendo que se sigan cometiendo actos de torturas con impunidad. Por otro lado, expresaron que es urgente informar sobre los avances de la investigación sobre los hechos ocurridos en el caso de Ayotzinapa, Guerrero, en diciembre de 2011.

Las organizaciones mexicanas e internacionales firmantes recordamos que el Estado debe dar cabal cumplimiento a las recomendaciones finales del Comité, mismas que serán publicadas en las próximas semanas, con el fin de empezar a prevenir y erradicar la tortura en el país.

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) - Francia
Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)
Católicas por el Derecho a Decidir
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República:
Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. -  KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a  los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión  Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C.  (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de  Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de  Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos.  Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.);  Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

Comité Cerezo México

Premio de la Paz de Aquisgrán 2012 (Aachener Friedenspreis)
"Por que ser defensor de los derechos humanos no es sinónimo de terrorista"

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La caravana de mujeres centroamericanas exhorta a exigir justicia a las autoridades

La caravana de mujeres centroamericanas exhorta a exigir justicia a las autoridades

En las muertes de mexicanos o extranjeros, el gobierno no puede evadir su responsabilidad

Entre muestra de apoyo en el Zócalo del DF llamaron a perder el miedo, pero nunca la esperanza

La mañana del domingo, las integrantes de la caravana de madres de migrantes centroamericanos visitaron la Basílica de Guadalupe para poner en manos divinas lo que la justicia terrenal les ha negadoFoto Cristina Rodríguez

Ciro Pérez

 

Periódico La Jornada
Lunes 29 de octubre de 2012, p. 12

Para ellas, las más de 40 mujeres centroamericanas que buscan a sus familiares perdidos en territorio mexicano, es incomprensible que en este país quienes también han perdido hijos o padres no le exijan a su gobierno que se los devuelva, que se responsabilice de los secuestros, de la trata de personas, de los asesinatos y extorsiones, que hayan permitido que a los suyos y a los otros, que no salen de sus países más que por necesidad, empujados por la falta de empleo y el hambre, se les haya tratado peor que animales.

Con esa indignación, las mujeres de la caravana Liberando la Esperanza llamaron a los mexicanos desde el Zócalo de la ciudad de México a sumarse a esta búsqueda, a no perder la esperanza, a no permitir que el miedo a las represalias y a la represión las haga vivir de la memoria de los hijos perdidos, ya no puede haber miedo, debe haber indignación, debe haber un reclamo, porque vivos se fueron y vivos los queremos.

A todas ellas las recibieron de pie y entre aplausos. “¡No están solas! ¡No están solas!, gritó un auditorio que ya había colgado también, en el perímetro de la plaza, un centenar de rostros de niños y niñas, jóvenes y adultos enmarcados bajo el letrero de Se busca, y ayudaba a sostener en alto los carteles de otros rostros que se perdieron hace más de 10 años en la ruta que los migrantes centroamericanos siguen en su camino hacia Estados Unidos.

A cada paso, en cada joven que veo, quiero encontrar el rostro de alguno de mis hijos, dice Clementina Murcia, de Honduras, quien perdió a dos hace 11 y 26 años, respectivamente. ¡Yo pido a las autoridades civiles y militares que por favor nos ayuden a encontrarlos. No es posible que el gobierno no haga nada por ellos, ya basta de tanta maldad. Me hubiera gustado conocer México en otras circunstancias, qué bueno hubiera sido que cuando mis hijos pasaron por aquí, también les hubieran tendido la mano como nos la han tendido a nosotras!, dijo en alusión a las organizaciones sociales Movimiento Migrante Mesoamericano y otras.

En el lugar estaba también el padre Alejandro Solalinde, recibido con entusiasmo por el auditorio, que también aplaudió las palabras de aliento que enviaron el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y seguía atento el diálogo que entablaron familiares de los centroamericanos desaparecidos con los periodistas Blanche Petrich y Jenaro Villamil.

Una y otra vez las historias se repetían. Se hablaba de extorsiones telefónicas, de secuestros, de maltratos, de penurias y de muerte con una mezcla de impotencia, rabia, dolor y determinación, ya no hay sueño americano sólo dolor, frío, hambre, el riesgo de que los violen, de que los tiren del tren, que los maten peor que animales.

Martha Sánchez Soler, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, revela entonces que en esta caravana se darán cinco encuentros, todos de migrantes encontrados por el esfuerzo de organizaciones como ésta, que siguen una pista por pequeña que sea, que busca hasta por debajo de las piedras, porque nuestra intención está unida a la de ellas, a pesar de las amenazas y la falta de recursos, dice el investigadorRubén, como lo definió la periodista Blanche Petrich.

Antes de esta jornada en el Zócalo capitalino, la caravana acudió a la Basílica de Guadalupe, a poner en manos divinas lo que la justicia terrenal les ha negado. Ahí escucharon la homilía de las 10 de la mañana, en medio de centenares de fieles que llenaban este templo y que miraban con curiosidad las fotografías de los hombres y mujeres perdidos y el rostro de las mujeres que los portaban, una mezcla de dignidad, de rabia y de esperanza.

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Morelos: desalojan a opositores a termoeléctrica; tres lesionados

La mayoría de los pobladores autorizó la obra, asegura la CFE

Morelos: desalojan a opositores a termoeléctrica; tres lesionados

Policías antimotines forman una valla en la carretera Cuautla-Huexca, que conduce a los predios donde se edifica una planta termoeléctrica de la Comisión Federal de ElectricidadFoto Rubicela Morelos Cruz

Rubicela Morelos y Rosa Rojas, Con información de Víctor Cardoso

Corresponsal y reportera

Periódico La Jornada
Miércoles 24 de octubre de 2012, p. 36

Yecapixtla, Mor., 23 de octubre. Unos 200 policías estatales antimotines desalojaron a campesinos que estaban plantados a unos metros de los terrenos donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende construir una termoeléctrica, en la comunidad de Huexca.

El subsecretario de Asesoría y Atención Social del gobierno de Morelos, Marino Martínez Román, informó que el operativo se realizó a petición de la CFE, que a su vez dijo que atiende a unos 400 vecinos que están a favor de la termoeléctrica y le solicitaron por escrito reanudar su construcción.

La CFE sostuvo que en una asamblea vecinal, 70 por ciento de los habitantes de Huexca aceptó que se construya la central de ciclo combinado y de ello dio fe Alejandro Estudillo, ayudante municipal.

Los inconformes, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (Fpdtampt), qiuenes hacían guardia en la carretera Cuautla-Huexca, aseguraron que a las 8 horas vieron gente que se dirigía hacia los terrenos en motocicletas o a pie.

Indicaron que policías vestidos de civil que iban en motocicleta les dijeron que se fueran porque entraría un convoy de seguridad. Los pobladores pidieron refuerzos y tocaron las campanas de la iglesia minutos antes de las 10 horas.

Al menos 40 personas llegaron al punto donde estaba la guardia, formada principalmente por mujeres cuyos esposos fueron a trabajar al campo. Entonces llegaron agentes antomotines, en más de 30 patrullas y vehículos particulares. Los habitantes de Huexca se tomaron de las manos y formaron una valla que los antimotines rompieron con escudos y macanas. Tres mujeres resultaron lesionadas; a una le rompieron un brazo.

Los uniformados abrieron paso a unos 10 vehículos particulares y dos retroexcavadoras, que entraron a los terrenos donde la CFE construía desde febrero la termoeléctrica. Los habitantes de Huexca detuvieron las obras el 16 de mayo.

Unos 100 policías se quedaron fuera de los terrenos y otro centenar ocupó el lugar donde estaba la guardia de activistas, lo que impidió el paso a reporteros, automovilistas y pobladores que iban a sus cultivos.

Guillermina Montero, habitante de Huexca, aseguró que las campesinas están dispuestas a dar la vida por que no se erija la termoeléctrica.

Una caravana de vehículos salió de los terrenos alrededor de las 15 horas rumbo a Cuautla. Algunos policías fueron detrás de ellos.

Miembros del Fpdtampt aseguraron que detrás de los granaderos llegó una camioneta con gente de Graco Ramírez buscando el diálogo. Indicaron que la comunidad de Huexca está abierta a dialogar, pero después que se retiren los granaderos y empleados de la CFE.

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Las victimas de Pena Nieto Mexico

La fuerza de la mirada UN ENSAYO FOTOGRAFICO SOBRE UN GRUPO DE MUJERES VICTIMAS DE TORTURAS SEXUALES EN MEXICO En 2006, Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del estado de México y ahora presidente electo del país, ordenó frenar una marcha por tierras. La represión incluyó la violación de decenas de mujeres. La fotó

grafa Liliana Zaragoza Cano retrató a las víctimas. La muestra ya recorre el mundo. Liliana Zaragoza Cano, la fotógrafa autora de la muestra Mirada sostenida. Por Sonia Santoro Página12 21/10/2012 Italia, Suhelen, Cristina, Norma, Claudia, Yolanda, Paty, Mariana, Edith, Ana María. Diez nombres. Diez rostros. Diez pares de ojos que sostienen la mirada para resistir. Que no bajan la cabeza, a seis años de haber sido torturadas sexualmente en lo que se conoce como el Caso Mujeres de Atenco. “Yo quería hablar no de la tortura sexual en sí misma sino de cómo estas mujeres apuestan por las que son, por las que fueron y las que siguen siendo, con esa claridad, ese dolor y ese coraje que se ha ido transformando en fuerza”, dice Liliana Zaragoza Cano, la fotógrafa autora de la muestra Mirada sostenida, que retrata a las víctimas de aquella barbarie. El 3 y el 4 de mayo de 2006, Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del estado de México y ahora presidente electo del país, ordenó reprimir brutalmente una manifestación pacífica de personas solidarias con el Frente de Pueblos en defensa de la Tierra, en San Salvador Atenco y Texcoco. Hubo 200 personas detenidas, dos muertos, además de 46 mujeres que sufrieron agresiones sexuales y 27 a las que torturaron sexualmente. Seis años después, 12 de las 27 mujeres sobrevivientes de tortura sexual sostienen una denuncia contra el Estado mexicano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Diez forman parte de esta muestra colectiva que por estos meses dará vueltas por el Cono Sur. Por estos días se exhibe en el Museo de la Universidad de Tucumán. Hace un par de años, cuando Liliana Zaragoza trabajaba en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la Ciudad de México, vio por primera vez a algunas de las mujeres denunciantes de tortura sexual de Atenco. Lo que la decidió a encarar este proyecto fue “el cómo estas mujeres, en ese entonces a los casi cinco años de mantenerse firmes en una denuncia pública contra el Estado mexicano por tortura sexual, no bajaban la cabeza, no se asumían como víctimas ni heroínas y, por el contrario, miraban con un coraje tan duro como conciliatorio. Y entonces me dejé tocar y decidí sostenerles la mirada”. Durante el proceso de acompañar y construir el proyecto junto con las chicas, Liliana comprendió que “resistir es sostener la mirada, y sostener la mirada es abrazar la memoria, tocar sin miedo y reescribir sobre las cicatrices capas de piel adentro. Rehabitar las pieles que somos. Intervenir la propia existencia para resignificar las miradas que nos habitan”. Había que pararse frente a la violencia poniendo el pecho y sosteniendo la mirada. –¿Cómo se acercó a las mujeres? ¿Y cómo fue la recepción de ellas? –Fue de a poco, no a todas, ni al mismo tiempo. Las reacciones fueron tan diversas como ellas mismas: son mujeres que van de los 26 a los 68 años, que convergieron en Atenco y Texcoco el 3 y 4 de mayo, cuando se ordenó la represión. Varían desde su nacionalidad, sus suelos, su ocupación, sus voces, sus sueños. Sólo algunas eran activistas. No todas se conocen. Ninguna es de Atenco. Algunas son de Texcoco y no tenían nada que ver con la manifestación pacífica. Seis años después se mantienen firmes. El hecho de que sean doce las que permanecen en la denuncia no quiere decir que son amigas, que se conocen o que comparten posiciones políticas; no son un colectivo. Las une el deseo de transformar algo desde sí mismas, y de que se garantice que jamás se volverá a repetir. Dice Liliana que este proyecto tiene presente también a las 46 que sufrieron agresiones sexuales y “a cada una de las mujeres y hombres que deciden volver a sus pieles, repararse los daños, unirse a la exigencia de la no repetición, y construir un proceso ético de justicia sin agachar la cabeza”. En la web (miradasostenida.net) sólo hay cinco historias completas. Se trata de un proyecto en construcción constante y ante la coyuntura política del proceso electoral para elegir presidente en México, Liliana decidió hacerlo público lo más pronto posible. “La situación se tornó muy crítica; había que articular esfuerzos para que en lugar de apatía y frustración, el dolor y el coraje de tantos años acumulados de violencia sistemática, muerte y violaciones continuas a los derechos humanos, se transformara en fuerza y movilizara las ganas por atender una vigilancia ética que implicaba intervenir nuestra historia”, dice. –¿Cómo viven ellas el hecho de que quien ordenó la represión hoy sea presidente? –Lo único claro es que están llenas de rabia y no piensan soltar ni su denuncia ni el eje de su mirada. Una de ellas dice que la peor tortura ha sido el proceso judicial... Porque así ha sido. Repetir una y otra vez, cuestión que es parte de esa estrategia del Estado mexicano para terminar de romper con el tejido social: primero reprime y, para generar miedo, utiliza los cuerpos de mujeres como botín de guerra. Nunca se responsabiliza y, en cambio, las llama mentirosas, las revictimiza, las agota y las intenta callar. Mientras el Estado no se responsabilice, el caso sigue impune. Ante la falta de respuesta, actualmente el caso está en revisión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. –¿Cuál es la recepción del público frente a la muestra? –La primera salida del proyecto decidimos que fuera a través de un sitio web. La estrategia de movilización fue a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Nunca imaginamos el alcance que tendría. La web sale en junio y casi de inmediato comienza a acercarse muchísima gente; fue tan sorprendente como conmovedor. Me buscaban para proponer formas de colaborar y mover el trabajo, para ponerse en contacto con las chicas, para solidarizarse desde donde fuera, para simplemente hacer cómplice la mirada. Una de las cosas más bonitas ha sido la cantidad de personas que escribe para proponer traducir la web entera a sus idiomas. En este momento ya contamos con el alemán, se está terminando en italiano, y estamos en espera del inglés, portugués, francés y noruego. El propio diseño de la web y los materiales descargables que ahí pueden encontrar también son parte de las formas de colaboración que conforman Mirada sostenida. -:- Mirada Sostenida Tras 6 años de la represión en San Salvador Atenco y Texcoco, de las 27 mujeres sobrevivientes de tortura sexual, 12 mantienen una denuncia pública contra el Estado mexicano. Mirada sostenida es un proyecto fotográfico que plantea un acercamiento a la resignificación personal y colectiva de la propia memoria. Cada una de ellas eligió un lugar que durante el proceso de estos seis años le ha sido significativo, y que volver a él simbolizara una reconciliación con su propia historia. IMPORTANTE: Mirada Sostenida es un proyecto autónomo y autogestivo. No se encuentra ligado de forma alguna a partidos políticos, campañas electorales, movimientos sindicalistas o partidistas.

Asesinan pistoleros a dirigente de El Barzón en Chihuahua y a su esposa

El gobierno estatal, omiso ante ataques constantes, señalan integrantes de la organización

Asesinan pistoleros a dirigente de El Barzón en Chihuahua y a su esposa

Aseguran que los agreden por luchar contra la sobrexplotación de acuíferos en el noroeste de la entidad y por rechazar operación de una minera canadiense

Fue un crimen de Estado: ONG

Barzonistas se reunieron ayer con el secretario de Gobierno del estado, Raymundo Romero (de corbata), a quien reclamaron la falta de protección a los activistas sociales, tras el asesinato de Ismael Solorio (derecha), uno de los líderes estatales de El Barzón, acribillado junto con su esposa, Martha Manuel Solís, la tarde del lunesFoto Miroslava Breach

Miroslava Breach y Rubén Villalpando

Corresponsales

Periódico La Jornada
Martes 23 de octubre de 2012, p. 29

Chihuahua, Chih., 22 de octubre. Ismael Solorio Urrutia, miembro de la dirigencia de El Barzón en el estado, murió acribillado este lunes cuando viajaba en compañía de su esposa, Manuela Solís Contreras, por la carretera Cuauhtémoc-Alvaro Obregón, a unos 130 kilómetros de esta capital. En el ataque, perpetrado con armas largas, también se dio muerte a la cónyuge del líder.

Decenas de barzonistas tomaron la oficina del secretario general de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado, a quien reclamaron la pasividad de la administración estatal para detener una serie de ataques contra los dirigentes de la organización.

Argumentaron que esa campaña de atentados responde a las acciones de El Barzón en defensa del ambiente, afectado por la sobrexplotación de mantos freáticos en el noroeste del estado, y contra la minera canadiense Mag Silver, que hace trabajos de exploración en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, pese a la decisión de la mayoría de los ejidatarios en contra.

El 13 de octubre Ismael Solorio y un hijo suyo fueron agredidos por empleados de la minera y tres ejidatarios de Benito Juárez que estaban a favor de la empresa. El barzonista se reunió el lunes con Raymundo Romero, quien le ofreció protección, pero no cumplió.

Organizaciones sociales y de derechos humanos, así como familias de mujeres asesinadas y desaparecidas, calificaron los asesinatos de Ismael Solorio y de su esposa de crímenes de Estado. ¡Uno más, cabrones, porque ustedes no hacen nada! ¡Saben que los pueblos están llenos de sicarios al servicio de los poderosos y no hacen nada!, gritaron a Raymundo Romero y al director de Gobernación estatal, Wilfrido Campbell.

Se informó que Solorio Urrutia viajaba a la capital de Chihuahua junto con su esposa para acudir a una cita médica, y lo usual habría sido que se desplazaran por la carretera Flores Magón y la autopista Juárez-Chihuahua. No obstante, su vehículo y los cuerpos fueron localizados en el kilómetro 130 de la carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, una zona alejada de su lugar de origen y de su destino, lo que hace suponer que fueron levantados y ejecutados.

Dirigentes de El Barzón, entre ellos Gabino Gómez, afirmaron que el dirigente y su esposa viajaban en una camioneta Ford Lobo King Ranch modelo 2003, color azul marino, con placas DZ 71876, en la cual fueron encontrados con varios impactos de proyectil de arma de fuego.

La camioneta estaba estacionada en una brecha del campo menonita 8. El barzonista recibió balazos en la cabeza, y su esposa, en el abdomen. Sin embargo, en la escena del crimen no fueron localizados casquillos. El comandante de la policía municipal de Cuauhtémoc, Gabriel Chacón, informó que aparentemente fueron victimados a quemarropa.

Los cuerpos fueron hallados muy cerca de las áreas habitacionales del campo menonita, pero los residentes dijeron no haber escuchado nada.

Al cierre de esta edición trascendió que cuatro presuntos implicados en el asesinato habían sido detenidos por elementos del Ejército Mexicano, que les decomisaron armas, y se realizaban pruebas de balística.

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Golpismo, democracia y procesos constituyentes

Golpismo, democracia y procesos constituyentes

Gerardo Pisarello · Jaume Asens · · · ·

30/09/12

Hace casi un año y medio, un sector del 15-M propuso rodear el Parlament de Catalunya. El objetivo de la acción era protestar por los recortes sociales más drásticos aprobados desde tiempos del franquismo. Los convocantes sostenían que los partidos favorables a los ajustes habían traicionado sus promesas electorales y habían subordinado las instituciones públicas a poderes privados sin legitimidad alguna. En un momento de la protesta, hubo insultos y empujones a algunos diputados, pero no se produjeron incidentes de mayor gravedad. La respuesta del gobierno presidido por Artur Mas y de buena parte de la oposición fue sin embargo airada. Ya entonces, los manifestantes fueron acusados directamente de "golpistas", y el conseller de Interior Felip Puig prometió utilizar contra ellos todo lo que la ley permitía y más allá si fuera necesario. La operación de criminalización resultó tan tosca que a los pocos días generó una nutrida movilización de repudio en las calles de Barcelona. La represión de Madrid de la última semana ha reditado de manera más drástica y patética los hechos de junio de 2011. Y lo ha hecho en un contexto mucho más grave que el de entonces. En el último año, la impotencia y la complicidad del gobierno con los recortes impuestos por troika y por los mercados financieros han alcanzado cotas escandalosas. La mayoría de los ajustes se ha aprobado a través de decretos leyes, con mínima o nula discusión parlamentaria. Hasta la Constitución, supuestamente intocable, se ha puesto al servicio de los grandes acreedores en virtud de la vergonzante reforma exprés del artículo 135. A pesar de ello, la propuesta de rodear pacíficamente el Congreso para "rescatarlo de un secuestro que lo ha convertido en un órgano superfluo" ha sido tratada como un atentado a la seguridad del Estado.   Con mayor saña que los dirigentes convergentes, el Partido Popular desplegó una campaña de criminalización preventiva de los convocantes acusándolos de "peligrosos exaltados", de "turbas incontroladas" e incluso de "nazis". La delegada de gobierno, Cristina Cifuente, la secretaria general del partido popular, Dolores de Cospedal, e incluso algunos diputados del PSOE, no dudaron en sacudir, también aquí, el espantajo golpista. Esta construcción de la manifestación del 25-S como hecho delictivo antes incluso de su celebración, preparó el terreno para la perpetración de una cadena de actuaciones arbitrarias, muchas de ellas claramente ilegales. Hubo personas detenidas solo por desplegar banderas. Otras, simplemente por reunirse, fueron objeto de la insólita acusación de haber infringido el artículo 493 del Código que castiga con penas de prisión los delitos "contra los altos organismos de la Nación". Con un hemiciclo parapetado tras casi dos mil agentes antidistrubios, las duras cargas contra los manifestantes, los porrazos indiscriminados en la plaza Neptuno y alrededores, o las persecuciones por los andenes de la estación Atocha, pusieron en evidencia el bloqueo de unas instituciones sordas a los reclamos ciudadanos. Esta tendencia a descalificar como "golpista" cualquier protesta capaz de desbordar la interpretación gubernamental de los "intereses de Estado" no se ha limitado, en todo caso, a movilizaciones como las del 25-S. El propio gobierno de la Generalitat de Catalunya, otrora inquisidor, ha pasado él mismo a engrosar la lista de los "sediciosos" acusados de desafiar ilegítimamente la legalidad constitucional. El disparador, en este caso, ha sido la propuesta, impulsada tras el estrepitoso fracaso de otras vías federalistas, de un referéndum que incluya como opción la independencia de Catalunya. Lejos de constituir una simple maquinación del ejecutivo catalán, la iniciativa aparece estrechamente ligada a las pacíficas consultas ciudadanas por el derecho a decidir celebradas en numerosos municipios en los últimos años y a la masiva movilización de la diada del 11-S, y cuenta con un amplio respaldo en el parlamento autonómico. Sin embargo, ha sido tratada como una oscura conspiración que merece ser frenada por todos los medios. Buena parte de los dirigentes del PP que por la mañana pedían dureza y ejemplaridad contra los manifestantes anti-recortes de Madrid, desempolvaban por la tarde los artículos 2, 8 y 155 de la Constitución de 1978 para recordar que el uso de la fuerza, incluida la militar, era una de las posibles respuestas "legales" a la eventual convocatoria democrática a un referéndum. Muy lejos de la relativamente serena actitud del Reino Unido en relación con el referéndum de autodeterminación escocés convocado para 2014, esta reacción ha evocado lo peor de la España cerril y autoritaria de 1934 y 1981. Esa confianza, precisamente, en que las fuerzas armadas puedan actuar como elemento de cierre de las interpretaciones mas restrictivas del marco constitucional es seguramente lo que ha llevado al eurodiputado conservador Alejo Vidal Quadras a extremar las bravuconadas y a instar al gobierno central a "preparar un general de brigada de la Guardia Civil" por si hubiera que invadir Catalunya. Lo cierto, en todo caso, es que el PP no ha tenido dificultades a la hora de reclutar aliados para su enroque neocentralista tanto en las filas del PSOE como en otras fuerzas de ámbito estatal y autonómico. En el Parlament de Catalunya, Albert Rivera, del españolista partido Ciutadans, se adelantó a los propios populares a la hora de desenfundar la acusación de golpismo, esta vez dirigida contra Mas. De un argumento similar se sirvió su compañera Rosa Díez, de la también nacionalista UPyD, para exigir la criminalización del derecho a decidir en una línea similar a la impulsada en su día por José María Aznar. En el fondo, la forma en que se han venido despachando las numerosas propuestas y movilizaciones desatadas por la crisis no es solo una cuestión de arrogancia o de intransigencia política. La ofensiva anti-social, represiva y recentralizadora de los últimos años tiene que ver, ciertamente, con la crisis financiera y con la propia deriva mercantilizadora del proceso de integración europea. Pero hunde sus raíces, también, en un marco constitucional que nació condicionado por el ruido de sables y que ha ido perdiendo de manera acelerada y acaso irreversible sus potencialidades democratizadoras. Esta singularidad del caso español, de hecho, permite establecer algunas diferencias nada desdeñables respecto de otros marcos constitucionales con un origen claramente anti-fascista, como el italiano o el portugués, nacido de la revolución de los claveles. De hecho, no es descabellado otorgar a esta marca de origen un cierto peso a la hora de explicar fenómenos como la menor virulencia de la policía lusa frente a las recientes movilizaciones anti-ajustes. O como la existencia de sectores de las fuerzas armadas que, en lugar de soltar soflaman amenazantes, han llegado a emitir declaraciones solidarias con unas protestas callejeras que, en pocos meses, han puesto al gobierno de Passos Coelho contra las cuerdas y han conseguido arrancarle el compromiso de replantear parte de su programa de recortes. Desde esta perspectiva, es innegable que en las manifestaciones y protestas que están teniendo lugar en distintos puntos del Reino de España hay una corriente de fondo destituyente. Una corriente que viene a impugnar claramente las supuestas virtudes de la restauración borbónica iniciada tres décadas atrás. Estos impulsos siguen amparándose en parte en la legalidad vigente, sobre todo en aquella que, en materia de libertades y de derechos sociales, señala al gobierno central y a sus aliados como los principales incumplidores. Sin embargo, también plantean, de manera cada vez más clara, la necesidad de desbordar un marco constitucional que se ha convertido en un cerrojo utilizado contra las demandas populares tanto en el terreno social como en el democrático, incluida la cuestión de la organización territorial. Precisamente por eso, estos embrionarios impulsos destituyentes, de ruptura, son todo menos una amenaza para la democracia. Representan, por el contario, la única esperanza de que ésta pueda sobrevivir y refundarse, aquí y en Europa, a partir de procesos constituyentes que reviertan el auténtico "golpe" oligárquico que, más por la violencia que por los argumentos, se está ejecutando ante nuestros ojos desde hace tiempo. Gerardo Pisarello es profesor de derecho constitucional y miembro del Consejo de Redacción de Sin Permiso. Jaume Asens es miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Ambos integran, además, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona. Sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las donaciones altruistas de sus lectores. Si le ha interesado este artículo, considere la posibilidad de contribuir al desarrollo de este proyecto político-cultural realizando una DONACIÓN o haciendo una SUSCRIPCIÓN a la REVISTA SEMESTRALimpresa. www.sinpermiso.info, 30 de septiembre de 2012 Compartir

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Gerardo Pisarello · Jaume Asens · · · ·

30/09/12

Hace casi un año y medio, un sector del 15-M propuso rodear el Parlament de Catalunya. El objetivo de la acción era protestar por los recortes sociales más drásticos aprobados desde tiempos del franquismo. Los convocantes sostenían que los partidos favorables a los ajustes habían traicionado sus promesas electorales y habían subordinado las instituciones públicas a poderes privados sin legitimidad alguna. En un momento de la protesta, hubo insultos y empujones a algunos diputados, pero no se produjeron incidentes de mayor gravedad. La respuesta del gobierno presidido por Artur Mas y de buena parte de la oposición fue sin embargo airada. Ya entonces, los manifestantes fueron acusados directamente de "golpistas", y el conseller de Interior Felip Puig prometió utilizar contra ellos todo lo que la ley permitía y más allá si fuera necesario. La operación de criminalización resultó tan tosca que a los pocos días generó una nutrida movilización de repudio en las calles de Barcelona. La represión de Madrid de la última semana ha reditado de manera más drástica y patética los hechos de junio de 2011. Y lo ha hecho en un contexto mucho más grave que el de entonces. En el último año, la impotencia y la complicidad del gobierno con los recortes impuestos por troika y por los mercados financieros han alcanzado cotas escandalosas. La mayoría de los ajustes se ha aprobado a través de decretos leyes, con mínima o nula discusión parlamentaria. Hasta la Constitución, supuestamente intocable, se ha puesto al servicio de los grandes acreedores en virtud de la vergonzante reforma exprés del artículo 135. A pesar de ello, la propuesta de rodear pacíficamente el Congreso para "rescatarlo de un secuestro que lo ha convertido en un órgano superfluo" ha sido tratada como un atentado a la seguridad del Estado.   Con mayor saña que los dirigentes convergentes, el Partido Popular desplegó una campaña de criminalización preventiva de los convocantes acusándolos de "peligrosos exaltados", de "turbas incontroladas" e incluso de "nazis". La delegada de gobierno, Cristina Cifuente, la secretaria general del partido popular, Dolores de Cospedal, e incluso algunos diputados del PSOE, no dudaron en sacudir, también aquí, el espantajo golpista. Esta construcción de la manifestación del 25-S como hecho delictivo antes incluso de su celebración, preparó el terreno para la perpetración de una cadena de actuaciones arbitrarias, muchas de ellas claramente ilegales. Hubo personas detenidas solo por desplegar banderas. Otras, simplemente por reunirse, fueron objeto de la insólita acusación de haber infringido el artículo 493 del Código que castiga con penas de prisión los delitos "contra los altos organismos de la Nación". Con un hemiciclo parapetado tras casi dos mil agentes antidistrubios, las duras cargas contra los manifestantes, los porrazos indiscriminados en la plaza Neptuno y alrededores, o las persecuciones por los andenes de la estación Atocha, pusieron en evidencia el bloqueo de unas instituciones sordas a los reclamos ciudadanos. Esta tendencia a descalificar como "golpista" cualquier protesta capaz de desbordar la interpretación gubernamental de los "intereses de Estado" no se ha limitado, en todo caso, a movilizaciones como las del 25-S. El propio gobierno de la Generalitat de Catalunya, otrora inquisidor, ha pasado él mismo a engrosar la lista de los "sediciosos" acusados de desafiar ilegítimamente la legalidad constitucional. El disparador, en este caso, ha sido la propuesta, impulsada tras el estrepitoso fracaso de otras vías federalistas, de un referéndum que incluya como opción la independencia de Catalunya. Lejos de constituir una simple maquinación del ejecutivo catalán, la iniciativa aparece estrechamente ligada a las pacíficas consultas ciudadanas por el derecho a decidir celebradas en numerosos municipios en los últimos años y a la masiva movilización de la diada del 11-S, y cuenta con un amplio respaldo en el parlamento autonómico. Sin embargo, ha sido tratada como una oscura conspiración que merece ser frenada por todos los medios. Buena parte de los dirigentes del PP que por la mañana pedían dureza y ejemplaridad contra los manifestantes anti-recortes de Madrid, desempolvaban por la tarde los artículos 2, 8 y 155 de la Constitución de 1978 para recordar que el uso de la fuerza, incluida la militar, era una de las posibles respuestas "legales" a la eventual convocatoria democrática a un referéndum. Muy lejos de la relativamente serena actitud del Reino Unido en relación con el referéndum de autodeterminación escocés convocado para 2014, esta reacción ha evocado lo peor de la España cerril y autoritaria de 1934 y 1981. Esa confianza, precisamente, en que las fuerzas armadas puedan actuar como elemento de cierre de las interpretaciones mas restrictivas del marco constitucional es seguramente lo que ha llevado al eurodiputado conservador Alejo Vidal Quadras a extremar las bravuconadas y a instar al gobierno central a "preparar un general de brigada de la Guardia Civil" por si hubiera que invadir Catalunya. Lo cierto, en todo caso, es que el PP no ha tenido dificultades a la hora de reclutar aliados para su enroque neocentralista tanto en las filas del PSOE como en otras fuerzas de ámbito estatal y autonómico. En el Parlament de Catalunya, Albert Rivera, del españolista partido Ciutadans, se adelantó a los propios populares a la hora de desenfundar la acusación de golpismo, esta vez dirigida contra Mas. De un argumento similar se sirvió su compañera Rosa Díez, de la también nacionalista UPyD, para exigir la criminalización del derecho a decidir en una línea similar a la impulsada en su día por José María Aznar. En el fondo, la forma en que se han venido despachando las numerosas propuestas y movilizaciones desatadas por la crisis no es solo una cuestión de arrogancia o de intransigencia política. La ofensiva anti-social, represiva y recentralizadora de los últimos años tiene que ver, ciertamente, con la crisis financiera y con la propia deriva mercantilizadora del proceso de integración europea. Pero hunde sus raíces, también, en un marco constitucional que nació condicionado por el ruido de sables y que ha ido perdiendo de manera acelerada y acaso irreversible sus potencialidades democratizadoras. Esta singularidad del caso español, de hecho, permite establecer algunas diferencias nada desdeñables respecto de otros marcos constitucionales con un origen claramente anti-fascista, como el italiano o el portugués, nacido de la revolución de los claveles. De hecho, no es descabellado otorgar a esta marca de origen un cierto peso a la hora de explicar fenómenos como la menor virulencia de la policía lusa frente a las recientes movilizaciones anti-ajustes. O como la existencia de sectores de las fuerzas armadas que, en lugar de soltar soflaman amenazantes, han llegado a emitir declaraciones solidarias con unas protestas callejeras que, en pocos meses, han puesto al gobierno de Passos Coelho contra las cuerdas y han conseguido arrancarle el compromiso de replantear parte de su programa de recortes. Desde esta perspectiva, es innegable que en las manifestaciones y protestas que están teniendo lugar en distintos puntos del Reino de España hay una corriente de fondo destituyente. Una corriente que viene a impugnar claramente las supuestas virtudes de la restauración borbónica iniciada tres décadas atrás. Estos impulsos siguen amparándose en parte en la legalidad vigente, sobre todo en aquella que, en materia de libertades y de derechos sociales, señala al gobierno central y a sus aliados como los principales incumplidores. Sin embargo, también plantean, de manera cada vez más clara, la necesidad de desbordar un marco constitucional que se ha convertido en un cerrojo utilizado contra las demandas populares tanto en el terreno social como en el democrático, incluida la cuestión de la organización territorial. Precisamente por eso, estos embrionarios impulsos destituyentes, de ruptura, son todo menos una amenaza para la democracia. Representan, por el contario, la única esperanza de que ésta pueda sobrevivir y refundarse, aquí y en Europa, a partir de procesos constituyentes que reviertan el auténtico "golpe" oligárquico que, más por la violencia que por los argumentos, se está ejecutando ante nuestros ojos desde hace tiempo. Gerardo Pisarello es profesor de derecho constitucional y miembro del Consejo de Redacción de Sin Permiso. Jaume Asens es miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Ambos integran, además, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona. Sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las donaciones altruistas de sus lectores. Si le ha interesado este artículo, considere la posibilidad de contribuir al desarrollo de este proyecto político-cultural realizando una DONACIÓN o haciendo una SUSCRIPCIÓN a la REVISTA SEMESTRALimpresa. www.sinpermiso.info, 30 de septiembre de 2012 Compartir