PROPUESTA DE POSICIONAMIENTO DE ALGUNAS ORGANIZACIONES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
AGOSTO 31, 2011 POR
En la ciudad de Chihuahua, el padre Camilo, Roberto Ransom y Víctor Quintana Silveyra y algunos sectores de la sociedad civil organizada han presentado en “asamblea informativa” a algunas organizaciones de la capital del Estado, una propuesta de posicionamiento ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
En dicho posicionamiento reconocen que “de una manera muy clara” el MCPJD ha planteado “la necesidad de refundar México”, entre otros; y por ello, presentan dicha posición refiriéndola en cuatro temas. A saber: la seguridad humana y ciudadana; sobre las víctimas de la violencia; la delincuencia y el Movimiento Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad.
A continuación la propuesta.
CONSIDERANDO QUE:
1.- El Movimiento Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad ha planteado de una manera muy clara, por una parte, la necesidad de refundar México ante un País en el que campea la violencia, se ha perdido la paz y no responden las instituciones públicas a los requerimientos y necesidades de la ciudadanía. Por otra parte, ha visibilizado con la “Caravana del Consuelo y la Esperanza” los tremendos estragos de dolor y muerte que la estrategia de guerra contra el crimen organizado ha dejado en la ciudadanía.
2.- El Movimiento Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad ha declarado que es un Movimiento totalmente ciudadano, autónomo, plural, democrático, apartidista y que su estrategia de lucha es desde la no-violencia activa.
3.- Ha quedado muy claro en el diálogo público que Felipe Calderón tuvo el pasado 23 de junio del 2011 con el Movimiento Ciudadano que el Presidente no cambiará su estrategia de guerra contra la delincuencia, a pesar de que no ha logrado abatir al crimen organizado y el único saldo obtenido han sido las más de 40,000 muertes, un aumento exponencial de la delincuencia, incluso se ha creado un ambiente propicio de violación sistemática a los derechos humanos, de inhibición de la protesta social, de ingobernabilidad, de desapariciones forzadas, de feminicidios, de atentados contra periodistas y contra los y las defensoras de los derechos humanos…
4.-En dicho diálogo ha quedado muy clara también, por la denuncia tan contundente de las víctimas de la violencia, la ineficiencia, el burocratismo, la corrupción y la falta de voluntad de parte de las autoridades correspondientes para hacer justicia a quienes han sufrido la violencia, ya sea por parte de la delincuencia, del ejército o de la policía. Ha quedado muy claro también el constante hostigamiento a los familiares de las víctimas y la muy poca voluntad de resarcirles en sus daños.
POR TODO LO ANTERIORMENTE DICHO, EXPRESAMOS NUESTRO POSICIONAMIENTO:
EN CUANTO A SEGURIDAD HUMANA Y CIUDADANA.
1.- Nuestra principal demanda al gobierno es que debe cambiar cuanto antes el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad humana y ciudadana con enfoque en los derechos humanos.
2.- Ante la inestabilidad social, la pérdida de la paz, de vidas humanas y la inseguridad de la ciudadanía, debemos asumir que estamos en una verdadera situación de “Emergencia Humanitaria” y de reconstrucción del País.
3.- Por tanto, se deberá recomponer el tejido social con programas que estimulen el mercado interno, dentro de una nueva política económica ante el fenómeno de la globalización, que reactiven la producción de alimentos en el campo, promuevan el arraigo familiar e impulsen la cohesión social con proyectos comunitarios. Es del todo urgente el respeto a los pueblos indígenas, a su territorio, a su cultura y, sobre todo, que se les reconozcan como sujetos de derecho público.
4.- De manera inmediata demandamos un programa: de Emergencia Alimentaria con subsidios que impacten favorablemente a la canasta básica, como también un programa emergente de empleos directos, especialmente dirigido a las y los jóvenes.
EN CUANTO A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA.
5.- Exigimos que se haga justicia a todas las víctimas de la violencia y, como una muestra de voluntad de parte del gobierno, deberá esclarecer en un corto plazo los casos más emblemáticos para las y los chihuahuenses.
6.- Exigimos que se haga cuanto antes la reparación del daño a las víctimas de la violencia y el delito, restableciendo, de acuerdo a los estándares internacionales, sus derechos lesionados y evitando la “revictimización”.
7.- Demandamos la promulgación de una ley federal que garantice la justicia y proteja los derechos de las víctimas directas (los asesinados/as, desaparecidos(as, secuestrados/as…) e indirectas (sus familiares)
8.- Demandamos la creación de una fiscalía especial a nivel federal para la atención a víctimas, así como un Banco Nacional de ADN para facilitar la identificación de las víctimas.
9.- Se deberá constituir una Comisión Ciudadana de Enlace de familiares de las victimas con autoridades Estatales y Federales para la construcción de un dialogo critico y constructivo, que concluya con la firma de un documento de compromisos y seguimiento a los mismos con la finalidad de lograr la justicia y el resarcimiento de daños para las víctimas de la violencia.
EN CUANTO A LA DELINCUENCIA.
10.- Demandamos al gobierno un cambio de estrategia en contra de la delincuencia, de tal manera que su enfoque no sea de confrontación, sino de inhibición, de disuasión y de contención de la delincuencia en el marco de la seguridad humana y ciudadana, en conformidad con los derechos humanos. La compleja realidad de la violencia se deberá enfocar, ante todo, como un problema de salud pública.
11.- De ahí que se deberá retirar cuanto antes el Ejército de las calles y del control del sistema de seguridad pública quedando en manos de las autoridades civiles, al mismo tiempo que se deberá atender a la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales con una adecuada coordinación entre las diversas instancias para la seguridad pública, tareas por las que debiera haber comenzado Felipe Calderón.
12.- Factores determinantes de la delincuencia organizada y que se deberán combatir como condición sin la cual no se le podrá vencer son la corrupción y la impunidad en las instancias gubernamentales de seguridad
EN CUANTO AL MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD:
13.- Queremos seguir participando de una manera activa en el Movimiento Ciudadano Por la Paz con Justicia y Dignidad. Por lo cual, estamos solicitando a dicho Movimiento que se nos incluya con una representación en la coordinación general del mismo.
14.- Sugerimos a los dirigentes del Movimiento tomen también en consideración la posibilidad de agregar más representaciones de otros Estados o regiones, especialmente por aquellos lugares por donde pasó la Caravana del Consuelo y la Esperanza.
15.- Suscribimos el Pacto Ciudadano que fue delineado en la Cd. de México el día 8 de mayo del 2011 y se enriqueció con las mesas de trabajo el 10 de junio del 2011 en Cd. Juárez.
16.- Promoveremos el Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad a nivel regional y local, respetando siempre la autonomía de las diversas organizaciones sociales y ciudadanas y unidos en la diversidad.
En dicho posicionamiento reconocen que “de una manera muy clara” el MCPJD ha planteado “la necesidad de refundar México”, entre otros; y por ello, presentan dicha posición refiriéndola en cuatro temas. A saber: la seguridad humana y ciudadana; sobre las víctimas de la violencia; la delincuencia y el Movimiento Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad.
A continuación la propuesta.
CONSIDERANDO QUE:
1.- El Movimiento Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad ha planteado de una manera muy clara, por una parte, la necesidad de refundar México ante un País en el que campea la violencia, se ha perdido la paz y no responden las instituciones públicas a los requerimientos y necesidades de la ciudadanía. Por otra parte, ha visibilizado con la “Caravana del Consuelo y la Esperanza” los tremendos estragos de dolor y muerte que la estrategia de guerra contra el crimen organizado ha dejado en la ciudadanía.
2.- El Movimiento Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad ha declarado que es un Movimiento totalmente ciudadano, autónomo, plural, democrático, apartidista y que su estrategia de lucha es desde la no-violencia activa.
3.- Ha quedado muy claro en el diálogo público que Felipe Calderón tuvo el pasado 23 de junio del 2011 con el Movimiento Ciudadano que el Presidente no cambiará su estrategia de guerra contra la delincuencia, a pesar de que no ha logrado abatir al crimen organizado y el único saldo obtenido han sido las más de 40,000 muertes, un aumento exponencial de la delincuencia, incluso se ha creado un ambiente propicio de violación sistemática a los derechos humanos, de inhibición de la protesta social, de ingobernabilidad, de desapariciones forzadas, de feminicidios, de atentados contra periodistas y contra los y las defensoras de los derechos humanos…
4.-En dicho diálogo ha quedado muy clara también, por la denuncia tan contundente de las víctimas de la violencia, la ineficiencia, el burocratismo, la corrupción y la falta de voluntad de parte de las autoridades correspondientes para hacer justicia a quienes han sufrido la violencia, ya sea por parte de la delincuencia, del ejército o de la policía. Ha quedado muy claro también el constante hostigamiento a los familiares de las víctimas y la muy poca voluntad de resarcirles en sus daños.
POR TODO LO ANTERIORMENTE DICHO, EXPRESAMOS NUESTRO POSICIONAMIENTO:
EN CUANTO A SEGURIDAD HUMANA Y CIUDADANA.
1.- Nuestra principal demanda al gobierno es que debe cambiar cuanto antes el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad humana y ciudadana con enfoque en los derechos humanos.
2.- Ante la inestabilidad social, la pérdida de la paz, de vidas humanas y la inseguridad de la ciudadanía, debemos asumir que estamos en una verdadera situación de “Emergencia Humanitaria” y de reconstrucción del País.
3.- Por tanto, se deberá recomponer el tejido social con programas que estimulen el mercado interno, dentro de una nueva política económica ante el fenómeno de la globalización, que reactiven la producción de alimentos en el campo, promuevan el arraigo familiar e impulsen la cohesión social con proyectos comunitarios. Es del todo urgente el respeto a los pueblos indígenas, a su territorio, a su cultura y, sobre todo, que se les reconozcan como sujetos de derecho público.
4.- De manera inmediata demandamos un programa: de Emergencia Alimentaria con subsidios que impacten favorablemente a la canasta básica, como también un programa emergente de empleos directos, especialmente dirigido a las y los jóvenes.
EN CUANTO A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA.
5.- Exigimos que se haga justicia a todas las víctimas de la violencia y, como una muestra de voluntad de parte del gobierno, deberá esclarecer en un corto plazo los casos más emblemáticos para las y los chihuahuenses.
6.- Exigimos que se haga cuanto antes la reparación del daño a las víctimas de la violencia y el delito, restableciendo, de acuerdo a los estándares internacionales, sus derechos lesionados y evitando la “revictimización”.
7.- Demandamos la promulgación de una ley federal que garantice la justicia y proteja los derechos de las víctimas directas (los asesinados/as, desaparecidos(as, secuestrados/as…) e indirectas (sus familiares)
8.- Demandamos la creación de una fiscalía especial a nivel federal para la atención a víctimas, así como un Banco Nacional de ADN para facilitar la identificación de las víctimas.
9.- Se deberá constituir una Comisión Ciudadana de Enlace de familiares de las victimas con autoridades Estatales y Federales para la construcción de un dialogo critico y constructivo, que concluya con la firma de un documento de compromisos y seguimiento a los mismos con la finalidad de lograr la justicia y el resarcimiento de daños para las víctimas de la violencia.
EN CUANTO A LA DELINCUENCIA.
10.- Demandamos al gobierno un cambio de estrategia en contra de la delincuencia, de tal manera que su enfoque no sea de confrontación, sino de inhibición, de disuasión y de contención de la delincuencia en el marco de la seguridad humana y ciudadana, en conformidad con los derechos humanos. La compleja realidad de la violencia se deberá enfocar, ante todo, como un problema de salud pública.
11.- De ahí que se deberá retirar cuanto antes el Ejército de las calles y del control del sistema de seguridad pública quedando en manos de las autoridades civiles, al mismo tiempo que se deberá atender a la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales con una adecuada coordinación entre las diversas instancias para la seguridad pública, tareas por las que debiera haber comenzado Felipe Calderón.
12.- Factores determinantes de la delincuencia organizada y que se deberán combatir como condición sin la cual no se le podrá vencer son la corrupción y la impunidad en las instancias gubernamentales de seguridad
EN CUANTO AL MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD:
13.- Queremos seguir participando de una manera activa en el Movimiento Ciudadano Por la Paz con Justicia y Dignidad. Por lo cual, estamos solicitando a dicho Movimiento que se nos incluya con una representación en la coordinación general del mismo.
14.- Sugerimos a los dirigentes del Movimiento tomen también en consideración la posibilidad de agregar más representaciones de otros Estados o regiones, especialmente por aquellos lugares por donde pasó la Caravana del Consuelo y la Esperanza.
15.- Suscribimos el Pacto Ciudadano que fue delineado en la Cd. de México el día 8 de mayo del 2011 y se enriqueció con las mesas de trabajo el 10 de junio del 2011 en Cd. Juárez.
16.- Promoveremos el Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad a nivel regional y local, respetando siempre la autonomía de las diversas organizaciones sociales y ciudadanas y unidos en la diversidad.
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